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Ministerio de Seguridad avisa que las playas están cerradas y quien irrespete el cierre será procesado

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El director general del Servicio Nacional de Guardacostas, comisario Martín Arias, advirtió a la ciudadanía que los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública aplicarán todo el peso de la ley a las personas que desacaten la medida sanitaria de no ingresar a playas nacionales, impuesta por el gobierno con el fin de prevenir el contagio del COVID-19.

Agregó que la disposición se aplicará de igual manera a quienes estén navegando con barcos o lanchas sobrecargadas de pasajeros, y que sean sorprendidos por los guardacostas durante los operativos de revisión de embarcaciones que se realizan durante todo el día.

Tras agradecer a costarricenses y extranjeros que han acatado los protocolos de salud manteniéndose en casa, enfatizó que aún existen unos pocos que insisten en desacatar algunas de estas directrices provocando que las autoridades tengan que estar recordando y luchando por hacer cumplir con la ley dispuesta por el Ministerio de Salud.

Arias informó que entre el sábado y el domingo, el personal del Guardacostas y la Fuerza Pública previno a 127 personas que estaban en las playas o dispuestos a ingresar. Reconoció que todas ellas obedecieron la orden policial de desalojar el lugar y retirarse.

Precisó que este martes las autoridades tuvieron que realizar 20 expulsiones de turistas a raíz de patrullajes realizados por diversas playas de Guanacaste, tales como Matapalo, Matapalito, Ocotal, Potrero, El Coco Y Zapotal.

De igual modo, oficiales del Guardacostas de Barra del Pacuare, junto con miembros de la Fuerza Pública de Parismina, desmantelaron un campamento que cuatro personas de Siquirres tenían instalado con hojas de palmera en el sector norte de la bocana del río Parismina.

Las autoridades informaron que las medidas también van dirigidas a aquellos que sean detectados navegando a las aguas de los mares costarricenses y se vean con aglomeración de personas.

En cuanto a las consecuencias legales que podrían tener quienes sean encontrados en las playas, sobre este particular el asesor legal de la Fuerza Pública, Warner Nájera, explicó que la medida de no ingresar a las playas está relacionada con la disposición de no generar aglomeraciones en sitios públicos.

El abogado policial agregó que el incumplimiento de esta norma, contenida en la Ley General de Salud, está sancionado con una multa de un salario base, es decir ₡450,200. Sin embargo, si las personas que han sido desalojadas insisten en reingresar, se les podría detener y encausar por el delito de desobediencia a la autoridad, el cual tiene una pena de hasta tres años de prisión.

El director general de la Fuerza Pública, comisario Daniel Calderón, hizo un llamado a la ciudadanía, no solo para que respeten la orden de no ingresar a las playas, sino también de acatar la restricción sanitaria vehicular, así como quedarse en casa, entre otras disposiciones giradas por el Gobierno de la República.

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