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El 26 de Mayo, el matrimonio igualitario será una realidad en Costa Rica.

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El matrimonio entre personas del mismo sexo en Costa Rica será legal a partir del 26 de mayo de 2020. Fue reconocido a raíz de una resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República el 8 de agosto de 2018, mediante la cual se resolvieron dos acciones de inconstitucionalidad interpuestas contra normativa del Código de Familia que explícitamente prohibía las uniones entre personas del mismo sexo.

Para esa sentencia, la Sala Constitucional adoptó lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en su Opinión Consultiva 24/17, en la que señaló que los Estados miembros del Pacto de San José debían garantizar el acceso de las parejas homosexuales a las figuras ya existentes, incluyendo el matrimonio.1​ La Sala dio un plazo de 18 meses, contados a partir de la publicación de la sentencia, para la entrada en vigencia de la inconstitucionalidad de las normas y urgió a la Asamblea Legislativa a modificar las leyes acordemente al fallo emitido.​ En cualquier caso, tal resolución será efectiva a partir del 26 de mayo de 2020 como máximo​.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva, emitida a solicitud de Costa Rica, estableció: El Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se derivan de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo de conformidad con lo establecido en los artículos 11.2 y 17.1 de la Convención Americana. (…) de acuerdo con los artículos 1.1, 2, 11.2, 17 y 24 de la Convención Americana es necesario que se garanticen el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio. (..) Para asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminación con respecto a los que están constituidos por parejas heterosexuales.3

Las repercusiones del fallo pueden ser regionales, ya que distintos juristas apuntan a que el fallo no solo es obligatorio para Costa Rica sino que podría serlo para todos los países suscriptores del Pacto de San José y que reconozcan como superior la autoridad de la Corte IDH.

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