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Estado servira como fiador en nuevo plan de avales para sector privado

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Mediante un proyecto de ley presentado hoy a la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo propone crear un Fondo Nacional de Avales y Garantías para la reactivación económica y el apoyo a los deudores afectados por la pandemia del COVID-19.

Con un capital del $300 millones provenientes de un crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el fondo facilitaría financiamientos para capital de trabajo y readecuación de deudas a empresas y personas con actividades productivas afectadas por la emergencia del COVID-19.

“El fondo de avales es un instrumento clave de la hoja de ruta económica para reactivar el crédito, proteger empleos y salvar empresas golpeadas por la pandemia. Con él se procura reducir el riesgo de crédito percibido por los intermediarios financieros, para así facilitar el crédito a las empresas y personas con actividades productivas, en mejores condiciones de tasas de interés y plazos”, explicó María del Pilar Garrido Gonzalo, ministra de Planificación Nacional y Política Económica y coordinadora del Consejo Económico del Gobierno.

Por su parte, Elian Villegas, Ministro de Hacienda señaló que: “este proyecto nos ayudará a llevar el crédito a quienes más lo necesitan, será un mecanismo de gran importancia en la lucha contra el desempleo y una luz de esperanza para miles de pequeñas y medianas empresas costarricenses que hoy buscan su estabilidad financiera en medio de la pandemia”.

¿Cómo funcionará?

El proyecto establece que el dinero para el crédito estará disponible en las entidades financieras supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), en donde se podrán gestionar las operaciones financieras con condiciones especiales de tasas de interés y plazos.

El Fondo de Avales funcionará con un fideicomiso. El Ministerio de Hacienda será el fideicomitente y el Instituto Nacional de Seguros será el fiduciario. Un consejo rector determinará los criterios de selección de los avales y personas físicas o jurídicas que se beneficien, los porcentajes de pérdida esperada por actividad económica, el monto máximo de avales y garantías por cliente, así como por actividad económica.

El fondo tendrá una estructura de toma de decisión eficiente y rápida, de manera que las garantías y avales puedan otorgarse a bancos y pequeños empresarios para sus necesidades de capital de trabajo a la mayor brevedad posibles. La propuesta es que el fondo emita todos los avales y garantías en un espacio de 12 meses. Todas las instituciones financieras supervisadas por la SUGEF, estarán habilitadas para solicitar los avales o garantías del fondo, en representación de las mipymes y empresas en general.

Las instituciones financieras que reciban los avales de este programa deberán comprometerse a otorgar facilidades de crédito ya sean nuevos, ampliados o restructurados con períodos de gracia y plazo para amortización acorde con las necesidades que cada cliente requiera para salir de los perjuicios causados por la pandemia. Estos avales pueden ser otorgados a créditos de restructuración de deudas existentes, inversión o capital de trabajo.

Impacto en la actividad productiva y el empleo

Las empresas beneficiarias de estos avales o garantías deberán haber sido afectadas por el COVID-19 y comprometerse a mantener el nivel de empleo existente en el momento de emitir el aval y hacer su mejor esfuerzo para recuperar los empleos perdidos por la pandemia en el menor plazo posible. 

“Suponiendo, conservadoramente, que las actividades productivas tengan una pérdida esperada del 10% por efecto de la pandemia, con $300 millones se podrían avalar $3.000 millones en créditos, y con ello atender en promedio unas 18.000 empresas”, explicó la ministra Pilar Garrido respecto al impacto esperado con el instrumento.

Hoy en día, el saldo promedio de un crédito productivo (destinado a una micro, pequeña, mediana, gran empresa, o a una persona física que desarrolla una actividad lucrativa) es de ₡98 millones. La población actualmente atendida son 90.400 empresas, de las cuales 35.000 son microempresas.

“El proyecto de ley que hoy presentamos se ha construido desde hace varias semanas mediante un trabajo interinstitucional de expertos del Banco Central de Costa Rica, la Superintendencia General de Entidades Financieras, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero la Asociación Bancaria Nacional, así como los expertos independientes como José Luis Arce y Gerardo Corrales. Confiamos en que este es un instrumento clave para la reactivación económica del país, así como la conservación y mejora en la cantidad de empleos y nos reconforta que varios grupos legislativos han recibido con entusiasmo el proyecto”, agregó la ministra de Planificación Nacional.

El proyecto de ley será impulsado como prioridad en las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa. De aprobarse en este mes de agosto, se procedería a elaborar su reglamento para que el fondo comience a funcionar aproximadamente en setiembre.